Los tribunales comienzan a actuar en relación al modelo 720

El modelo 720, por el que se informan los bienes y derechos que se tienen en el extranjero por parte de residentes en España, no ha estado exento de polémica desde que vio la luz. El primer revés lo sufrió en noviembre de 2015, cuando la Comisión Europea envió una carta a las autoridades españolas instando a modificar la normativa sancionadora de este modelo por ser incompatible con el Derecho de la Unión Europea. El segundo revés se produjo en febrero de 2017 cuando recibió una segunda comunicación de la propia Comisión Europea, esta vez en forma de dictamen motivado, por haber incumplido diferentes obligaciones e insta de nuevo a modificar la normativa relacionada con el modelo 720 para adecuarla en los dos meses siguientes, pero por el momento no ha contestado.

Ahora entramos en una segunda fase, que es cuando los tribunales del mismo estado español están empezando a resolver en contra de la Agencia Tributaria. En septiembre del ejercicio 2017 el TEAR de Valencia anuló una sanción del modelo 720 ya que no se había podido demostrar la culpabilidad, elemento indispensable en cualquier expediente sancionador.

Por otro lado, durante el mes de noviembre de 2017 se emitió la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anuló una sanción por presentación voluntaria fuera de plazo del modelo 720 por entender que era desproporcionada y no se tuvo en cuenta en ningún momento el dictamen de la Comisión Europea. Por otra parte, la sanción se emitió pasados ​​los 3 meses que establece la Ley General Tributaria para sancionar. Es importante remarcar que la Administración no sólo perdió, sino que además fue condenada en costas, un caso poco habitual.

Finalmente, en febrero de este 2019, fue nada menos que el mismo Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) que anuló una nueva sanción del modelo 720. En esta ocasión, sin embargo, no se entró mucho en el fondo de la cuestión, sino que la sanción fue anulada por falta de motivación. Por lo tanto, esta sentencia, aunque es muy beneficiosa para el contribuyente afectado, no tendrá mucha aplicación a otros contribuyentes, ya que deja la puerta abierta a sancionar siempre que esté bien motivado.

Lluís García-Cascón Sala

 

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