La personalidad jurídica de la sociedad disuelta

Cada vez es más frecuente en la realidad empresarial, la aparición de activos sobrevenidos que resultan ser propiedad de sociedades disueltas y extinguidas en el Registro Mercantil. Esta situación también se puede dar en concursos concluidos por insuficiencia de masa activa en los que no se han podido liquidar todos los activos. En definitiva, estamos hablando de sociedades disueltas o bien mediante escritura pública por las causas legalmente previstas o bien vía concursal, en las que posteriormente aparecen activos u obligaciones no extinguidas.

En estos casos, aunque la disolución se haya inscrito en el Registro Mercantil, y, por tanto, la sociedad conste extinguida registralmente, no implica la efectiva extinción de su personalidad jurídica, la cual no se produce hasta que no hayan agotado todas sus relaciones jurídicas. Es lo que se conoce como la “personalidad controlada”, figura jurídica construida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo que, precisamente, lo que pretende es dar cobertura a aquellas situaciones en las que la sociedad ha de concluir relaciones jurídicas no extinguidas o sobrevenidas, posteriormente a su disolución.

En estos casos, son los que fueron Liquidadores de la sociedad, ya sea porque se les nombró en la escritura de disolución, ya sea porque fueron los Administradores Concursales, quienes estarán facultados para llevar a cabo estas operaciones con el fin concluir obligaciones no extinguidas o liquidar activos sobrevenidos o no liquidados. En este sentido, los Liquidadores continuarán como tales y deberán seguir representando a la sociedad mientras surjan obligaciones pendientes o sobrevenidas. Y es que la inscripción de la disolución y liquidación de una sociedad en el Registro Mercantil, no tiene efectos constitutivos, sino meramente declarativos. La definitiva desaparición de la sociedad sólo se producirá cuando la cancelación responda a la situación real, es decir, cuando la sociedad haya sido liquidada de forma real, sin que existan acreedores insatisfechos ni patrimonio a repartir.

Sandra Morillo Mallofré

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