La diferencia más importante es que los trabajadores afectados por un ERTE por causas Covid-19 se les reconocerá en todo caso la prestación de paro aunque no tengan el período de ocupación mínimo necesario, asimismo, no se les computará el tiempo en que reciban la prestación a efectos de consumir períodos máximos de percepción. La otra diferencia entre ambos ERTE es que el de causas Covid-19 se tramita en unos plazos temporales inferiores a los establecidos en un ERTE ordinario.
a) Si el trabajador está afectado por el ERTE (no hay prestación servicios) correrá a cargo del SEPE. b) Si el trabajador está desafectado por el ERTE (hay prestación servicios) correrá a cargo de la empresa desde el inicio hasta el final.
Sí. De acuerdo con el criterio de la DGT de fecha 01/05/2020 es posible que las empresas reincorporen parcialmente a la actividad a sus trabajadores mediante jornadas reducidas.
Se deberá incluir únicamente a los hijos menores de 26 años o mayores de 26 con alguna discapacidad igual o superior al 33% y que no tengan rentas superiores al 75% del SMI vigente, excluida la parte proporcional de pagas extraordinarias.
Sí,, siempre y cuando no se haya comunicado al SEPE la baja de de prestaciones.
El RDL 24/20, de 26 de junio, los prorrogó hasta el 30-9-20. Actualmente, Gobierno y Sindicatos están en negociaciones para concretar si se prorrogan hasta el 31-12-20 con las mismas condiciones actuales o bien habrá cambios que puedan afectar a las exoneraciones de cuotas a la SS o posibles "sectorizaciones" hacia aquellos que se han visto más afectados por la pandemia.
Puede pedir cita previa al SEPE para que un funcionario le atienda de forma presencial y revise su caso concreto.
No tendrá derecho a la prestación por desempleo si en el momento de causar el derecho está dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Sólo si el ERTE es de suspensión el contrato temporal quedará congelado durante todo el período que el trabajador esté afectado y por tanto su duración se prolonga en el tiempo.
La prestación tiene una doble aportación. Por un lado, se cobra lo que sería la prestación de paro del autónomo, que se corresponde al 70% de la base reguladora, y por otra parte cubre la cuota de autónomos que no tendrá que pagar pero que seguirá computando como periodo cotizado.
Hasta el último día del mes que esté vigente el estado de alarma. Si este finaliza durante el mes de mayo se cobrará el mes de mayo entero. Si se alarga hasta cualquier momento de junta, se cobrará en junio entero.
Para los autónomos que la pidieron por cierre de su actividad al estar incluida en la relación del real decreto de estado de alarma, y por los autónomos que ya tuvieron descenso de facturación en marzo, cobrarán la parte correspondiente al período desde del 14 de marzo hasta el último día del mes que esté vigente el estado de alarma.

Para los autónomos que la pidieron por descenso de su actividad en abril, cobrarán la parte correspondiente al período desde el 1 de abril hasta el último día del mes que esté vigente el estado de alarma,
Tal y como está la normativa actualmente este tipo de prestaciones tributan por IRPF de la persona que lo cobra. Habrá que ver si en los próximos meses se produce alguna excepción a la norma general que declarará exentas estas prestaciones.
No, en ningún caso. Hay que diferenciar el motivo que ha dado derecho a la prestación (el cese o la reducción de facturación) de la prestación posterior que está ligada a una causa objetiva (la finalización del estado de alarma) y no al hecho de poder reanudar la actividad en mayor o menor grado.
No hay que hacer nada porque en el caso de haberse pagado se devolverá de oficio.
Si la empresa cierra el 31 de diciembre y aún no había convocado la junta para aprobar las cuentas, ni les había formulado, el administrador tendrá tres meses a partir del 1 de junio para formular las cuentas (por lo tanto, hasta el 31.08.2020). Para aprobarlos el plazo es de dos meses a partir del final del plazo de formulación (por lo tanto, hasta el 10/31/2020). Y para presentarlos, el plazo es el habitual de un mes a partir de la aprobación (si se apuran los plazos el último día sería el 11/30/2020).
El plazo para presentar libros será el 30 de septiembre.
Si la junta general ya se había convocado antes del estado de alarma, se puede retirar del orden del día y se puede hacer una nueva propuesta que se deberá votar en una junta general dentro del plazo establecido. Si todavía no se ha convocado la junta, se puede sustituir la propuesta en la memoria por otra.
La exoneración de pago de las cuotas de cotización a la Seguridad Social como consecuencia de un ERTE tiene la consideración de una bonificación del Estado, y que tiene el tratamiento de una subvención de explotación. Por lo tanto, se debería contabilizar el gasto de seguridad social de las cuotas exoneradas por un lado y, por el mismo importe, el ingreso en forma de subvención, por el otro lado:
642XXX Gasto Seguridad Social para ERTE a 740XXX Bonificaciones Seguridad Social para ERTE
No, de momento el plazo sigue siendo el mismo, 25 de julio por norma general. Sin embargo, se permite a aquellas empresas presentar la declaración del impuesto en base a la información contable que tengan si aún no se han aprobado las cuentas anuales. Posteriormente, si con la aprobación hay alguna modificación deberá presentar una segunda declaración hasta el 30 de noviembre, en la que no se aplicarán recargos.
De momento no está previsto. Por lo tanto, las declaraciones deberán presentarse en los plazos habituales.
Dependerá de que el organismo con quien tenga que hacer la gestión haya autorizado a hacer trámites con la firma digital caducada. En el caso de la Agencia Tributaria aceptaba certificados caducados hasta el 31 de julio. Actualmente ya no se pueden utilizar pero se ha activado la opción de obtener la firma a la AEAT así como las oficinas de correos.
Los aplazamientos especiales de impuestos finalizan el 30 de mayo, por lo tanto, si no cambia nada, los aplazamientos de impuestos del segundo trimestre tendrán las mismas limitaciones que con anterioridad en el estado de alarma.
Del 14 de marzo al 30 de mayo no se computarán a efectos de prescripción, por tanto, un impuesto como la declaración de la renta, que finaliza el 30 de junio, se ampliaría la prescripción 78 días más, es decir, hasta el 16 de septiembre.
No. Aunque la empresa se encuentre en situación de insolvencia, el plazo para solicitar el concurso se alarga hasta el 31 de diciembre de 2020, a fin de que la empresa pueda planificar medidas que puedan evitar la presentación del concurso.
La causa de disolución por pérdidas se mantiene, pero para computar las pérdidas no se tendrán en cuenta las del presente ejercicio 2020. En este sentido, si en el resultado del 2,021 existen pérdidas que reducen el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, se deberá proceder a la convocatoria de Junta para acordar la disolución de la sociedad, a menos que se aumente o se reduzca en la medida suficiente.
Los plazos previstos legalmente para elaborar, aprobar y presentar las cuentas también han quedado suspendidos a partir de la declaración del estado de alarma y su cómputo se reanudará a partir de la fecha de finalización del estado de alarma.
Pedir una moratoria del pago de las rentas durante un plazo máximo de cuatro meses. Llegados a finales de esta moratoria, los importes aplazados deberán ser devueltos, de forma fraccionada, sin penalización ni intereses, durante los dos años siguientes.
Sólo en caso de que:
- La propiedad sea un gran tenedor, entendiendo por este concepto aquellas personas físicas o jurídicas titulares de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o que sean titular de inmuebles de más de 1.500 m2.
- El arrendatario cumple con los siguientes requisitos:
o Esté afiliado y dado de alta, en el momento del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social como Autónomo, en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar o en una de las Mutualidades sustitutorias del RETA.
o Se haya suspendido la actividad como consecuencia de la entrada en vigor del RD 463/2020, de 14 de marzo.
o Si la actividad no ha sido directamente suspendida por el RD 463/2020, se deberá acreditar una reducción de la facturación en relación al mes natural anterior a la solicitud de aplazamiento de un 75%, en relación a la media mensual del trimestre del año anterior al que pertenece este mes en que se solicite la moratoria.
En caso de que el arrendador no sea un gran tenedor y el arrendatario sí cumpla con los requisitos exigidos para acceder a las medidas previstas en el RD 15/2020, las partes podrán pactar (y por tanto no es exigible) que se disponga de la fianza del contrato de arrendamiento para pagar rentas. En todo caso, el importe de la fianza deberá ser repuesto en el plazo de un año desde la celebración del acuerdo, o hasta el fin del contrato, si éste termina antes de un año.
En ningún caso. De hecho, en el propio redactado los art. 2 y 3 del RD 15/2020, se hace mención expresa que las medidas serán de aplicación si no existe pacto anterior entre las partes. Así pues, las medidas son subsidiarias a un posible acuerdo de las partes que reparta de forma diferente (y quizás más equitativa) el riesgo del negocio.
Si, todas las empresas que hayan o prevean recabar datos relativos a la salud de sus trabajadores para velar por la salud de toda la plantilla y evitar contagios por Covid-19, deberían hacer una revisión de la protección de datos. En este sentido habría que:
1. Realizar un nuevo análisis de riesgo para analizar el nivel de riesgo que el tratamiento de estos datos significa para los trabajadores.
2. Redactar nuevas medidas de seguridad técnicas y organizativas adicionales aplicables al tratamiento de estos datos. Especialmente, si tenemos en cuenta que son datos de salud y que habrá que adoptar mayores medidas de seguridad y que, en algunos casos, será la primera vez que la empresa recabará y tratará datos de salud de los trabajadores.
3. Determinar el periodo de conservación de los datos recabados.
4. Informar a los trabajadores sobre el tratamiento que la empresa realizará de los datos de salud del Covid-19.
Si, es necesario que el asesor de protección de datos conozca este plan de desconfinamiento, las medidas que se llevarán a cabo y los datos de salud que se recabar, para que la empresa también adopte las medidas de protección de datos pertinentes al plan de desconfinamiento previsto.
Cuando se hace teletrabajo se revisarán, reforzar y extremar aún más las medidas de seguridad técnicas.
Las empresas que hacen teletrabajo deben tener políticas de protección de la información, facilitarán guías a los trabajadores con recomendaciones sobre cómo teletrabajar para preservar la confidencialidad e integridad de la información.
Los trabajadores deberían firmar acuerdos de teletrabajo.
Hay que revisar los proveedores de servicios y de las herramientas de teletrabajo para asegurarnos de que están configurados para garantizar la protección de la información y controlar los accesos.
Se deben revisar los perfiles y los niveles de acceso de los usuarios, se deben revisar los servidores de acceso remoto y los dispositivos de teletrabajo para garantizar la protección de la información y controlar los perfiles de acceso.