Cambios de domicilio fiscal: una reflexión jurídica

Cómo todos sabéis, el día 6 de octubre de este año el gobierno español aprobó el Real Decreto-Ley 15/2017 para facilitar la movilidad de las empresas españolas y, sobre todo, de las catalanas, dentro del territorio español.

El Real decreto-Ley prevé que cualquier compañía española pueda trasladar su domicilio dentro del territorio español si así lo acuerda el órgano de administración, es decir, traslada una competencia que, hasta entonces, recaía en la Junta General. En otras palabras, el órgano de administración puede tomar una decisión importante que antes debía ser aprobada por los propietarios de la compañía. De hecho, el órgano de administración ya tenía esta competencia con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley que nos ocupa, pero sólo para trasladar el domicilio social dentro de la misma población.

A efectos prácticos, la modificación legislativa ha sido muy útil para las sociedades que necesitan convocar las Juntas Generales con la antelación requerida legalmente (quince días para las sociedades limitadas y un mes para las sociedades anónimas). Estas sociedades suelen ser grandes empresas con un número importante de socios o accionistas pero, en realidad, suponen un pequeño porcentaje del tejido empresarial catalán, conformado por pequeñas y medianas empresas de carácter eminentemente familiar.

De todas maneras, detrás de esta reforma se esconde un ataque a los derechos de los socios minoritarios de estas grandes compañías que, de repente, ven como el domicilio social de la empresa de la que son accionistas se traslada a otra comunidad autónoma. Los socios minoritarios no han podido ejercer su derecho a voto porque la decisión ha sido adoptada por el órgano de gestión y administración de la compañía y no por los propietarios de la misma.

Finalmente, me gustaría hacer un apunte en relación al procedimiento que tiene que hacer una compañía para trasladar su domicilio a otra comunidad autónoma, puesto que se trata de un procedimiento más largo y complejo que un cambio de domicilio habitual: una vez firmada la escritura ante notario, ésta se tiene que presentar al registro mercantil donde está inscrita la sociedad y pedir a este registro un certificado literal de traslado, el coste del cual será más elevado cuanto más inscripciones tenga la sociedad. Una vez obtengamos este certificado, se tiene que presentar junto con la escritura al registro mercantil de destino, al cual se tendrán que abonar también los honorarios de la inscripción y del traslado de todo el histórico de la sociedad.

Sandra Morillo

0 530
Avatar
Rius Consultors

Deja una respuesta